Luego de recibir el informe sobre la auditoría realizada a la deuda externa ecuatoriana por parte de Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), el presidente Correa sentenció –en el 2008– que la deuda es ilegítima, corrupta e ilegal. También responsabilizó a ex funcionarios de las instituciones vinculadas con el pago de los créditos internacionales como violadores de la soberanía patria y responsables del empobrecimiento de los ecuatorianos porque privilegiaron pagar una deuda inmoral, antes que resolver las demandas sociales de las masas.
El informe develó la voracidad del neoliberalismo que multiplicó la deuda externa y además demostró que el endeudamiento produjo sometimiento y dependencia del Ecuador ante los prestamistas, pues la contratación de deuda a criterio de la CAIC “se desarrolló en beneficio del sector financiero y empresas transnacionales, afectando visiblemente los intereses de la Nación. Los condicionamientos impuestos y el pago de la deuda, limitaron los derechos fundamentales de personas y pueblos, profundizando la pobreza, aumentando la migración y deteriorando las condiciones ambientales.” (CAIC, 2008)
Vale enunciar que al 2006, a puertas de iniciar el correísmo, la deuda pública fue de USD.13,492.5millones (28,8% PIB). La suma de deuda externa 21,8% y del 7% de deuda interna constituía ya una horca para los intereses de las masas que creyeron en el discurso de renegociar la deuda del Estado.
A la presentación del Informe mencionado le sucedieron importantes acciones. Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, hasta junio del 2009, la relación de la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se redujo al 16%, pero a partir de entonces existe una tendencia de endeudamiento creciente que a octubre del 2016 representa el 38,4% del PIB (USD.36,986millones): 25,5% de ella corresponde a deuda externa (USD.24,582.5millones) y 12,9% a deuda interna (USD.12,403.5millones). (Ministerio de Finanzas, 2016)
Sin embargo, para los cálculos del gobierno de Correa, en el registro de deuda pública no están consideradas las deudas a corto plazo, los certificados de Tesorería de la Nación, deudas con proveedores y contratistas del Estado, la venta anticipada de petróleo a China y Tailandia, el oro empeñado en Goldman Sachs, entre otras, que de contabilizarse rebasaría ampliamente el techo legal de hasta el 40% del PIB permitido por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Sin considerar esos valores adeudados, nominalmente la deuda externa en estos diez años aumentó 2,4 veces y la deuda interna 3,7 veces. Esta década sin lugar a dudas marcará un record en el endeudamiento con respecto a otros gobiernos, de allí que es pertinente una nueva auditoría y una fiscalización integral de la deuda pública tan ilegítima, corrupta e ilegal como la adquirida en tiempos de la larga noche neoliberal.
La evidente crisis que sufre la economía ecuatoriana, la falta de liquidez y el déficit fiscal, pretende ser resuelto por el correísmo con políticas propias de la ortodoxia neoliberal: privatizaciones del patrimonio estatal, aperturismo comercial (TLC) como el negociado con la Unión Europea, expansionismo de las fronteras mineras y petroleras concesionadas a transnacionales, la contratación de nueva deuda pública, etc.
Por tales razones resulta cuestionable la aplicación de la nueva fórmula de cálculo que adoptó el régimen para reducir el porcentaje de la deuda pública con respecto al PIB[1]. En los hechos el Decreto Ejecutivo 1218, que aplica fielmente los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), incrementó el techo de endeudamiento, pues considera únicamente como deuda pública lo que debe el país en el exterior y a actores privados.
Por arte de magia tecnocrática el correísmo redujo la deuda a 26,7% del PIB, no reconoce en su contabilidad las deudas con el IESS o el Banco Central y amplió el cupo de endeudamiento del Estado con otros acreedores de USD.1.500millones a USD.12.000millones.
De esta manera el gobierno pretende disimular la crisis económica, con un nuevo y mayor endeudamiento que por las condiciones del país serán adquiridos a menores plazos y más altos intereses traducidos también en expoliación de los recursos naturales y la explotación de la riqueza socialmente generada en nuestros territorios condicionados a los intereses de los grandes grupos monopólicos.
Detrás de esta propuesta no hay nada de revolucionario, pero sí de entreguismo y de sometimiento, pues a más de advertir un crecimiento de los niveles de endeudamiento del Estado, se vislumbra que los próximos años una cantidad de onerosos recursos del Presupuesto General serán destinados al pago de intereses y amortizaciones de deuda externa; no así la deuda pública, del IESS especialmente, que de a poco sufre un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo las prestaciones a las que tienen derecho sus afiliados.
Para que se efectivice la auditoría y fiscalización general al endeudamiento público se debe impedir la continuidad del correísmo y el retorno de la vieja derecha neoliberal representado en Lasso o Viteri que en el fondo defienden los mismos intereses de la burguesía y el imperialismo. Por ello se requiere un nuevo gobierno que se comprometa con estas medidas y con una moratoria urgente del pago de la deuda externa.
[1] El gobierno de Correa cambió la fórmula que calculaba la deuda pública agregada por la de deuda pública consolidada. Con ella se maquillan las deudas que tiene el Estado con las instituciones públicas, pues los montos adeudados a este tipo de organismos no se suman para calcular la relación porcentual de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto.
Bibliografía
CAIC, (. P. (2008). INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DE LA DEUDA ECUATORIANA.
Ministerio de Finanzas. (30 de Septiembre de 2016). Deuda Pública del Sector Público del Ecuador. Recuperado el 06 de Noviembre de 2016, de Deuda Pública del Sector Público del Ecuador: http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/DEUDA_SECTOR-P%C3%9ABLICO-DEL-ECUADOR_septiembre2016.pdf
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