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Detrás quedaron las sombras de debilidad y fraude que envolvieron al naciente gobierno del licenciado Moreno. El cambio de estilo, la institucionalización del diálogo nacional y la progresiva distancia tomada con respecto a la década anterior inauguró una crisis de pugnas, realineamientos y trances en el partido gobernante.

A la par el país atraviesa una profunda crisis política-institucional generada por un creciente rechazo social a la burda cooptación correísta de los organismos estatales. Ellos han encubierto una escandalosa y generalizada corrupción que involucra a cercanos colaboradores del ex presidente y, más temprano que tarde, terminará mostrando la verdadera responsabilidad de Rafael en la trama de sobreprecios, coimas, negociados, tráfico de influencias, lavado de activos y otros delitos.

Pero la lucha anticorrupción aún merece solo tibias acciones desde la fiscalía y la justicia subordinadas a la disputa del poder político del Estado burgués, que se tensará más a propósito de la Consulta Popular.

La Consulta es una necesidad que tiene su génesis en las aspiraciones de las masas de trabajadores, jóvenes y pueblos que se movilizaron desafiando al proyecto modernizador del capitalismo y autoritario de Correa.

Además la Consulta rebasa la voluntad política del mismo licenciado Moreno, pues originalmente nació en la exigencia de respeto a los derechos de la naturaleza, en el rechazo a la expoliación de las transnacionales de los recursos naturales del Ecuador, en la necesidad de protección a los niños y adolescentes, en la movilización para impedir la reelección indefinida y las otras reformas constitucionales, en la lucha que trascendió con la consigna fuera Correa, en el reclamo de sanciones para los corruptos y hasta en la misma campaña electoral.

De allí que el trámite de presentación de las preguntas hecha desde Carondelet a la Corte Constitucional responde a esas demandas sociales. Y aunque no se recogen a plenitud las aspiraciones de las masas populares, sobretodo las preguntas vinculadas a la explotación minera y del Yasuní o aquella de las enmiendas constitucionales de diciembre del 2015 que están incompletas, se requiere presionar el dictamen de constitucionalidad favorable  para que sean las masas quienes decidan las políticas públicas del Estado.

En manos de la llamada Corte cervecera[1] está ese dictamen, la experiencia previa demuestra que en anteriores procesos de consulta este organismo compuesto por 9 jueces constitucionales calificó preguntas, las modificó y hasta las inadmitió conforme a los intereses del anterior gobierno.

¿Se puede confiar en instituciones así parcializadas?

La respuesta debe ser la vigilancia activa-movilizada de los ecuatorianos para que se acepten las preguntas propuestas, para presionar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a las elecciones y se respete plenamente la voluntad del pueblo que deberá convertir este proceso en un verdadero referéndum para sancionar a los corruptos y democratizar la elección de las autoridades de los órganos del Estado.

De ganar el sí en la Consulta Popular se emprendería una reforma política parcial que, aunque no rebase los límites de la institucionalidad capitalista, pondrá los clavos finales al ataúd del correísmo, pues los ejes cartesianos de la consulta son la  eliminación de la reelección indefinida de los cargos de elección popular (que jubilará a Correa y a varios caudillos políticos en sus afanes de eternizarse en el poder) y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que debe constituirse en un laxante para purgar a las autoridades de las instituciones del Estado que fueron designados sin más mérito que el ser sumisos y hasta cómplices del jerarca de turno.

Los otrora déspotas omnipotentes que presagiaban la continuidad perpetua de una falsa revolución, aquellos que incluso cometieron fraude para autodefinirse como proyecto político invencible hoy llaman regresión de derechos a que el pueblo decida en las urnas, ahora cínicamente reclaman autonomía para los órganos del Estado. Eso sucede mientras muchos de sus ex compañeritos abandonan al raquítico líder autoexiliado en Bélgica y se camuflan o reciclan en las filas del nuevo gobernante, al fin y al cabo él tiene el poder.

Los afines a Moreno y hasta la derecha tradicional tratarán de capitalizar lo que desacumule el correísmo en miras de sacar ventajas en ese tradicional y odioso juego de reparto del pastel reinstitucionalizado, por ello corresponde la iniciativa de unir a las organizaciones sociales, sindicales e indígenas junto a los partidos políticos del centro a la izquierda para triunfar en la Consulta y avanzar en la exigencia al actual gobierno en el cumplimiento de sus ofrecimientos electorales.

Es evidente que la correlación de fuerzas de las elecciones del 2017 no es la misma que la actual y será distinta luego de la Consulta Popular.

Así sobran razones para votar sí.

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

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[1] En el año 2010 un grupo de ex trabajadores de la Cervecería Nacional exigían USD. 90 millones a esta empresa por el pago de utilidades. El caso llegó hasta la Corte Constitucional (CC), misma que adoptó una resolución a favor de los empresarios y adversa a los trabajadores, pero de por medio habrían tráfico de influencias, presiones y hasta coimas que involucran a funcionarios y jueces de la CC (Patricio Pazmiño), a Alexis Mera y Richard Espinoza.

CAÑAR: PROVINCIA PRIVATIZADA

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El fin de la larga noche neoliberal fue una de las consignas más propagandizadas por el mandatario de la anterior década.

La inicial justificación deontológica del programa de la Revolución Ciudadana se proyectaba a partir del fracaso económico de anteriores gobiernos, en que el neoliberalismo capitalista había consumado mayores niveles de acumulación de riqueza en manos de los monopolios nacionales y extranjeros en base de expoliar los recursos naturales, de privatizar los activos públicos, precarizar las relaciones laborales y de liberalizar la economía.

Poco o nada queda de aquel ideario que convocó simpatías, pues es evidente el divorcio de la práctica social (políticas públicas) del correísmo con respecto a la pirotecnia verbal del caudillo autoexiliado en un ático en Bélgica y de sus escasos defensores. Y es que resulta un fiasco hablar de revolución, cuando lo objetivo de ese proyecto político-económico es la modernización de la infraestructura del capitalismo al servicio de la mayoría de viejos monopolios y de una burguesía emergente que se enriqueció corruptamente con los contratos y recursos del Estado.

Pero ¿qué significa el post neoliberalismo confeso del ex presidente Correa? En una reveladora entrevista de enero del 2012 desnudó su praxis cuando afirmó que: “El modelo de acumulación no lo hemos podido cambiar drásticamente. Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación”; es decir, está vigente una mayor acumulación capitalista en el Ecuador[1] que tiene la impronta de Rafael beneficiando a los ricos, a los pelucones.

Es que el neoliberalismo no fue superado en los años precedentes, quizás sólo estuvo oculto bajo las alfombras de Carondelet; junto a la reprimarización de la economía (explotación petrolera y minera) se operaron privatizaciones, incluso antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones PúblicoPrivadas y la Inversión Extranjera o del mismo terremoto de abril de 2016 que fue usado como el pretexto ideal para impulsar la venta de activos del Estado.

De allí que se debe mirar a la provincia del Cañar como el conejillo de indias de las privatizaciones, pues sus principales medios de producción fueron enajenados; estas latitudes fueron el laboratorio en el que un economista con 15 honoris causa y su séquito de aduladores experimentaron las tradicionales políticas neoliberales.

Por ello es que el ingenio azucarero (históricamente conocido como Aztra) e Industrias Cementos Guapán en la actualidad tienen como común propietario privado, de la mayoría de los paquetes accionarios, al emporio peruano Grupo Gloria[2].

 

EL INGENIO AZUCARERO AZTRA, ECUDOS, COAZUCAR S.A.

El ingenio azucarero ubicado en el cantón La Troncal, que fue escenario de una de las peores masacres de la clase obrera en el país, ya sufrió una primera privatización durante el clímax del gobierno de Sixto y Dahik. En una polémica negociación, la familia Isaías compró en USD. 100.000 este medio de producción y emprendieron un proceso de flexibilización laboral para apoderarse de más plusvalía generada por los trabajadores. Pero en el 2008, el ingenio junto a otros 195 bienes fueron confiscados por la responsabilidad que tuvieron estos magnates en el conocido feriado bancario, en ese proceso el fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, el Estado, pasó a administrar estos activos que posteriormente fueron reprivatizados.

En esta nueva venta, “el Grupo Gloria compró casi el 70% de acciones de la empresa en poco más de USD. 123millones. Lo inaudito es que la valoración de esas acciones vendidas fue de USD. 249.5millones, además que en la transacción la multinacional de origen peruano solo pagó en efectivo USD. 10millones y el saldo lo cancelará con un crédito estatal de la Corporación Financiera Nacional (CFN), a un interés del 5 por ciento anual para 15 años plazo.” (Escandón, 2016).

¿Qué hay detrás de esta sui generis enajenación, si hasta la Contraloría General del Estado presentó un informe en julio del 2013 en el que se establecen irregularidades en la venta del paquete accionario del ingenio, aunque no establece responsabilidades penales? Es que detrás de esta cuestionable privatización estaría el prófugo primo del ex presidente Correa, Pedro Delgado, también Camilo Samán denunciado por enriquecimiento ilícito y hasta hay quienes vinculan a la Gran Hermana de Rafael en un posible delito de testaferrismo.

Pero más allá de los probables actos delictivos que encierra esta actividad financiera, la enajenación de esta empresa resulta reprochable en cuanto no se valoraron los importantes ingresos y utilidades que reporta anualmente el ingenio. En el año 2016 la facturación con respecto al 2015 fue 10% superior, llegando a USD. 125,98millones, aunque en lo que respecta a ganancias COAZUCAR reporta una reducción a USD. 1,95M comparada con USD. 6,75millones del año fiscal 2015 (Vistazo, 2017).

Son evidentes el prejuicio al Ecuador en esta privatización, a ello hay que sumar el incumplimiento en la entrega del 30% de las acciones a los trabajadores y una política estatal de encubrimiento a la precarización de los derechos laborales.

 

INDUSTRIAS CEMENTOS GUAPÁN

Industrias Guapán S.A. durante 50 años fue de propiedad del IESS (de los afiliados y pensionistas), mientras que Cementos Chimborazo C.A. desde su creación perteneció al Estado ecuatoriano. Una vez estatizada la empresa de origen azogueño, junto a su símil fueron fusionadas y adquiridas por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), por un cuestionado monto de USD.72millones y finalmente sus acciones fueron transferidas a perpetuidad a la Empresa Pública Cementera del Ecuador (EPCE).

El 18 de noviembre del 2013 fue legalizada la fusión del 86% de acciones de Cementos Chimborazo C.A. (el porcentaje restante pertenece a los trabajadores) y el 100% de Industrias Guapán S.A. en la razón social Unión Cementera Nacional (UCEM). Durante este proceso el correísmo invirtió recursos públicos para ampliar la capacidad instalada de producción, especialmente de Cementos Chimborazo C.A., aunque no son pocas las denuncias que reclaman fiscalizar los silos de almacenamiento construidos, pues tendrían fallas estructurales.

De inmediato los planes privatizadores se pusieron en marcha, primero bajo el pretexto de hallar un socio estratégico (privado) para mejorar la capacidad productiva en la producción de Clinker (materia prima fundamental para la elaboración de cemento) y luego bajo la orden de enajenación dictada desde Carondelet (resolución gubernamental EPCE-GG-2014-091) que adjudicó a YURA S.A., filial del Grupo Gloria, las cementeras del Estado.

El secreto detrás de esta transacción es de tal dimensión que aún no es de conocimiento público el porcentaje de acciones vendidas y el valor de la transferencia, aunque extraoficialmente se conoce que no sería menos del 60% las acciones adjudicadas al monopolio extranjero.

La venta de estos activos fue ilegal, pues a ese entonces contradecía la Ley de Empresas Públicas, según la cual el Estado debía ser accionista mayoritario en caso de alianzas o convenios. Fue tan mala  la negociación que en el año 2016 la UCEM facturó, a pesar de la crisis en el sector de la construcción, por ventas de de USD. 119,43millones y ganancias de USD. 28,59millones (Vistazo, 2017), semejantes condiciones favorables las subordinaron a una inversión extranjera de USD. 230millones que evidentemente expoliará los recursos naturales y la fuerza de trabajo de los ecuatorianos[3].

En esta privatización, en las que se subvaloró el patrimonio de las empresas fusionadas, también tienen relación otro prófugo de la justicia ecuatoriana, Ramiro González fue el principal responsable material de la enajenación de estos activos, mientras que Correa y Glas serían al menos cómplices por omisión política de prejuicio al Estado.

De too lo expuesto es evidente que el correísmo privilegió el oligopolio en la industria cementera y azucarera; es decir, promovió que un reducido número de productores privados controlen el mercado de estas ramas industriales, sin mediar control estatal alguno.

Pero en realidad no hubo razones para enajenar estos activos del Estado ecuatoriano, sólo primó la sinrazón neoliberal solapada de favorecer los intereses de las transnacionales y afectar la soberanía nacional. Ello demuestra el carácter antinacional y dependiente del anterior régimen, que pasará a la historia como la sumatoria del fracaso económico, el autoritarismo y la corrupción generalizada.

Pero aún existen conscientes sumisos, socios beneficiados o asalariados chantajeados que defienden semejante latrocinio. Por ello no cabe que el que hoy asambleísta, ayer gobernador del Cañar, se atreva a persistir calificando a la provincia como la mimada de mashi Rafael, cuando es evidente que fue privatizada por el ex mandatario.

Es indispensable ahora que la sociedad reflexiona sobre los efectos de una amarga década y que reclama la convocatoria a la consulta popular para descorreizar el Estado, que también se exija fiscalizar los negociados, intereses y beneficiarios de las privatizaciones para sancionar a los responsables.

Ello será posible sólo con la cesación y posterior renovación democrática de las autoridades de justicia y control, de esa manera los enemigos del pueblo ocuparán el triste espacio que en la historia merecen.

 

[1] La revista Ekos reporta que los ingresos, en millones de dólares, de las 400 más grandes empresas pasaron de 21.241 en 2003 a 34.567 en 2009 y 43.488 en 2014.” 

[2] En el Grupo Gloria se registran varias empresas domiciliadas en Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. En el Ecuador fundamentalmente sus capitales están sembrados en áreas que tienen relación con la industria azucarera, de lácteos y las cementeras; además proyectan inversiones en las ramas de transportación y de producción de los biocombustibles. Los propietarios del grupo son la familia Rodríguez Banda que según la revista Forbes lo clasifica entre los 8 grupos económicos más importantes de Perú.

[3] No había necesidad de un socio estratégico extranjero en las condiciones expuestas, pues la inversión de USD. 200millones pudo ser cubierta con la venta de cemento producido por las empresas nacionales en el lapso de 6 años. Incluso si se omitían los gastos de propaganda sólo del año 2013 ascendieron a USD. 300millones eran suficientes para la inversión requerida.

 

 

Bibliografía

Escandón, F. (26 de Septiembre de 2016). Rebelión. Obtenido de Rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217193

Vistazo. (2017). 500 mayores empresas del Ecuador. Vistazo, 144.

 

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

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