LOS DIEZMOS DE LA ASAMBLEA

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Originalmente el pago de diezmos, abonados por los agradecidos feligreses, se remontan a prácticas voluntarias instituidas por la religión judaica. Luego, constituido el antiguo imperio romano, las clases dominantes del Estado legalizaron el tributo de la décima parte de los frutos cosechados, animales domesticados y del dinero que debían entregar productores y comerciantes.

El privilegio de la recaudación impositiva obligatoria se hizo extensiva a la iglesia, una vez que el cristianismo fue declarado como religión oficial de la mayoría en los incipientes estados. El diezmo clerical, sólo fue desmantelado por el laicismo de la revolución liberal.

Quizás estos son los antecedentes de los actuales impuestos y de los organismos tributarios modernos que institucionalizaron una serie de gravámenes, a distintas actividades del ser humano, para el funcionamiento de la maquinaria estatal.

Tal pareciera que detrás quedó la obligatoriedad del pago de diezmos anacrónicos no oficiales, por ello sorprenden las denuncias hechas por trabajadores de la Asamblea Nacional, que incriminan especialmente a legisladores en el cobro de una especie de impuesto al trabajo.

Es necesario afirmar que estos cobros indebidos no sólo ocurren en el legislativo, sino es una práctica naturalizada en el Estado ecuatoriano. Por ejemplo, es un secreto a voces que las actividades proselitistas y las contramarchas organizadas por Alianza País eran financiadas por miles de funcionarios públicos a cambio de conservar su empleo. Ese fue y continúa siendo el modus operandi mafioso del oficialismo; especialmente durante el correísmo se generalizó el pago de diezmos como parte de su entramado de corrupción.

Así lo testimonian las denuncias de los trabajadores afectados, ellos aseguran que se les exigía la entrega de hasta la mitad de su salario y el pago de los gastos personales hechos por funcionarios de alto rango.

Sin embargo, los organismos de control y justicia del Estado no aceleran las investigaciones y sanciones para los involucrados. La misma Asamblea Nacional pretende autorregularse, reformando su normativa interna para sancionar a los legisladores involucrados, pero las dilatorias vigentes más parecen un espíritu de cuerpo que trata de driblar el escándalo público y mantener la impunidad.

¿Algún organismo del Estado burgués corregirá las injusticias? De existir alguno, debería aplicar el artículo 127 de la Constitución de la República, que establece como una prohibición y causal de destitución el percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas.“

Es evidente, no se tratan de contribuciones voluntarias consensuadas, son pagos derivados del chantaje y la opresión para conservar el trabajo, son abusos de autoridad que privan de una parte del salario a los trabajadores. Los culpables deben ser sancionados.

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LAS NEGOCIACIONES DEL TLC

IlustraciónTLC

La producción en el capitalismo es caótica, tan anárquica que genera constantes crisis económicas de sobreproducción relativa de mercancías, es decir, hay un sinfín de productos, bienes y servicios que se ofertan para el consumo, pero no pueden ser comprados por los bajos salarios de las masas trabajadoras.

Una de las salidas temporales que los monopolios internacionales idearon para solucionar esas crisis es el libre comercio internacional, íntimamente ligado al neoliberalismo. Desde entonces se imponen acuerdos que garantizan, a los países poderosos, exclusividad de mercados en los países dependientes.

Alrededor de esa lógica los grupos de poder justifican la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC), mismos que han significado en varios países pobres el reemplazo de la actividad productiva por la economía comercial, cierre de fábricas, masivo desempleo, privatizaciones, la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, precarización de las condiciones de trabajo, cesión de la jurisdicción de conflictos a tribunales de arbitraje internacional (tal como sucede en el caso Chevron), etc.

Ese es el precio de los TLC para los países dependientes, además hay suficientes testimonios para describirlos como acuerdos comerciales suscritos por economías equiparables a los tiburones y otras tan parecidas a pequeñas sardinas.

Por eso es cuestionable que el régimen promueva la firma del TLC con los Estados Unidos de Norteamérica, pues de concretarlo sería un lento suicidio de la frágil economía del Ecuador, que apenas representa ocho horas de la producción del país anglosajón.

Consecuentemente, el actual gobierno no hace más que prolongar y profundizar la apertura comercial como fue el objetivo en la larga noche neoliberal y durante el correísmo. Tan sólo en la anterior década se firmaron nueve acuerdos con China y uno con la Unión Europea.

Sin embargo, la administración Trump y los consorcios yanquis no está dispuestos a ceder su patio trasero y hacen de las declaraciones del ex Secretario de Estado, Collin Powell, su catecismo: “garantizar para las empresas norteamericanas, el control del territorio que va desde el polo ártico hasta la Antártida y el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio.

Así de evidentes son las pugnas imperialistas por las zonas de influencia y control en el planeta.

En ese juego de intereses la oligarquía ecuatoriana es cómplice, pero olvidan que en el año 2006 ya fracasaron las negociaciones del TLC con los Estados Unidos de Norteamérica, la movilización popular derrotó estas pretensiones neo colonizadoras.

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

Email:        fescandonguevara@yahoo.com

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LA CRIMINAL CHEVRON

LaCriminalChevron

Amplio es el expediente de delitos cometidos por la transnacional petrolera Texaco-Chevron. Sus crímenes ambientales y de violación de los derechos humanos son consecuencia del saqueo de las riquezas de los países pobres, esa es la base de su gran magnitud financiera.

En el Ecuador, luego de 26 años de actividades de exploración y explotación del crudo, este monopolio se apropió de la mayoría del petróleo, a cambio de menguadas ganancias para el país, masiva contaminación ambiental, altos índices cancerígenos, desplazamientos de pueblos originarios (cofanes, huaoranis, secoyas, sionas), etnocidio de los tetes, etc.

Ninguno de estos delitos fue reparado, al contrario, desde años atrás la empresa despliega una serie de malabares jurídicos y presiones políticas, para evitar el pago de una sentencia de USD. 9.500 millones dispuesta por la justicia ecuatoriana.

Entre los tramposos artilugios esgrimidos por la multinacional, está el reciente dictamen del Tribunal de Arbitraje Internacional de La Haya que favorece con una reparación económica, que debe pagar el Estado, a favor de la petrolera por incumplir las protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversiones y por violar su derecho a la defensa.

No sorprende la rapacidad del monopolio, ni el fallo del Tribunal de la Haya que pretende obligar pagos multimillonarios por indemnizaciones a favor de los criminales de Chevron. Lo terrible es el carácter entreguista de la burguesía ecuatoriana.

Es que fueron los gobiernos de la larga noche neoliberal, Durán Ballén y Mahuad, quienes firmaron acuerdos para liberar de responsabilidades a la petrolera. Fue el Procurador General de la Nación de la anterior década, Diego García, quien dirigió una ineficiente defensa de los intereses nacionales. Fue el correísmo, que a pesar de contratar abogados internacionales, el que perdió juicios interpuestos por la OXY, Perenco, Burlington y la misma Chevron. Es Lenin Moreno, quien asume el fallo emitido del arbitraje internacional al anunciar que hará uso del recurso de repetición para que los correístas paguen el prejuicio al país.

Es evidente, las diferencias son de forma entre los gobiernos de la partidocracia y los de Alianza País. Unos y otros representan los intereses del imperialismo y los monopolios, ya que impulsaron políticas para garantizar las inversiones y para someter las controversias a la jurisdicción de árbitros internacionales.

El Ecuador no debe acatar el fallo a favor de Chevron, pues ningún tratado o convenio internacional, como el suscrito para conformar el Tribunal de Arbitraje Internacional de La Haya, está por encima del primado de la Constitución de la República.

El pueblo debe organizarse, movilizarse, exigir y luchar por el respeto a la Soberanía Nacional.

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

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LAS ELECCIONES DEL 2019

Elecciones2019

La historia reciente del Ecuador, antes del correísmo, es la expresión de cíclicas crisis políticas y pugnas por el poder del Estado; en poco más de una década se sucedieron más de una decena de mandatarios que no pudieron lograr estabilidad.

Las facciones oligárquicas, creyentes del neoliberalismo, no lograron la pretendida gobernabilidad ideada en reformas electorales que promuevan el bipartidismo burgués, cuyo propósito fue impedir la participación política del pueblo.

Ese propósito fue vencido por los progresivos resultados en las urnas que obtuvieron los partidos y movimientos políticos de centro izquierda, hasta que Alianza País logró hegemonía en la sociedad ecuatoriana.

Cuando el correísmo se impuso con autoritarismo, las instituciones cooptadas legalizaron un sistema electoral perverso que no representa la voluntad democrática de la sociedad.

Bajo el justificativo de garantizar la representatividad de las dignidades electas, en relación con su territorio y pobladores, se crearon las circunscripciones electorales (concejales urbanos y rurales, asambleístas por distritos), pero esa maniobra jurídica no implica mejorar la calidad de la representación, sino sólo da ventajas a las maquinarias electorales.

El otro desatino del sistema electoral burgués correísta es el método d´Hondt para la asignación de escaños. Esta ecuación matemática, poco proporcional, beneficia a las mayorías. Con él, en el 2013, Alianza País garantizó una aplanadora de cien asambleístas, de usarse el método de Webster hubiesen alcanzado 83 curules y serían varios menos si se aplicaba el método de Hare, que según expertos matemáticos y electorales es más equitativo para reflejar la voluntad democrática de los electores.

Los sumisos del Consejo Nacional Electoral (CNE), para evitar las alianzas políticas,  aprobaron un inconstitucional reglamento que divide la representación obtenida por dos o más partidos o movimientos que se unen.

Así se legalizó un fraudulento sistema electoral y se alargó el reino del correísmo ahora en crisis.

Es positiva la extirpación de los vocales obedientes del CNE, pero urge reformar la totalidad del sistema electoral para garantizar las alianzas electorales, para que la representación política sea proporcional al número de votos obtenidos y para romper con los intentos de imponer el bipartidismo.

La actual crisis política facturará con el rechazo en las urnas a Alianza País y provocará la victoria a distintas alternativas electorales. El éxito de uno u otro dependerá de su identidad anticorreísta.

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara