ESPIONAJE: CRÍTICA AL WATERGATE ECUATORIANO

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El escándalo norteamericano de Watergate es recordado como un bochornoso evento que provocó la única renuncia de un presidente en ese país. La dimisión de Richard Nixon se generó por la revelación de ilegales y clandestinas prácticas de espionaje, grabación de conversaciones y llamadas telefónicas, ordenadas a los servicios de inteligencia para acosar a opositores políticos e incluso a funcionarios de su gobierno.

Prácticas semejantes se repiten en el curso de la historia. Durante la Guerra Fría emplazada por la hegemonía mundial entre el socialimperialismo soviético -socialismo en las palabras e imperialismo en los hechos- y el imperialismo norteamericano se estructuraron grandes aparatos de inteligencia (KGB y CIA) que cumplieron el papel de espionaje y contraespionaje. Esas actividades y la escalada armamentista de las potencias mundiales pusieron en vilo a la paz mundial y a la existencia misma de la humanidad por la amenaza de una guerra nuclear.

Sin embargo de la derrota transitoria del socialismo real, las actividades de inteligencia y contrainteligencia no han concluido, más bien se han agudizado. En el mundo entero las denuncias y el rechazo al panoptismo (completa vigilancia) estatal de la sociedad se multiplican, aunque resulta curiosa la acusación expuesta por el licenciado Moreno quien acusa al ex presidente Correa de no haberle informado sobre la instalación de una cámara de video en su oficina y de monitorear este dispositivo electrónico desde su celular.

Este hecho evidencia la fragilidad del sistema de seguridad en Carondelet, el abuso de confianza del ex mandatario, pero además una manía fetichista de sembrar cámaras, micrófonos y grabaciones del cual el correísmo era adepto[1], como también lo eran los ejecutivos de Odebrecht. Tal parece que aprendieron lecciones de los corruptores o al menos hacen la venia al refrán quien a hierro mata, a hierro muere.

La sorpresa y molestia del licenciado Moreno es hasta entendible, aunque no oportuna porque el propio Correa le confesó de la existencia de actividades de espionaje (transferencia de documentación) desarrolladas por sus adeptos; sin embargo el reciclaje de sumisos personeros de la anterior administración es una realidad que continúa, nada se ha hecho para purgar a estos oportunistas de vieja data.

Pecan de ingenuidad aquellos que desconocen las actividades de inteligencia naturalizadas en el ejercicio del poder político de la década anterior. A la sumatoria común de infiltración y división de las organizaciones sociales y populares, se forzó la fundación de nuevas estructuras sindicales-gremiales corporativizadas y funcionales a la figura del caudillo autócrata de Rafael, se normó jurídicamente las formaciones orgánicas de la sociedad civil y de esta manera ilegalizaron la existencia de algunas organizaciones como la UNE[2] y otras.

Pero quizás la acción más trascendente, en la década anterior, es la constitución de un Estado panóptico y policíaco para lo cual se modernizaron y perfeccionaron los aparatos de espionaje: la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) mediante Decreto Ejecutivo 1768, de junio del 2009, es la genuina expresión de las concepciones del correísmo acerca de la seguridad pública y del Estado, pues este organismo “responsable de producir inteligencia, inteligencia estratégica y contra inteligencia” ejecutó acciones que develan autoritarismo, violación de libertades y una escalada de violencia y coacción estatal[3].

Pero a juzgar por un conjunto de correos electrónicos filtrados, para la SENAIN una de las fundamentales amenazas a la seguridad del país fue la oposición anticorreísta, principalmente la oposición popular, pues sólo en el año 2016 se habrían monitoreado al menos 2100 reuniones ciudadanas (Ortiz, 2017), seguimientos y vigilancia física de activistas, intervención electrónica de teléfonos celulares y de cuentas de mails.

Para operar estas tareas los servicios de espionaje creado por el anterior gobierno tenían la potestad de clasificar los resultados de las investigaciones y actividades para calificarlas como “reservada, secreta o secretísima” y vetar el acceso a este tipo de información hasta por 15 años; es necesario además mencionar que la estructura organizativa de la SENAIN corresponde a una formación altamente centralizada y subordinada al presidente de la República, aunque formalmente debía rendir cuentas periódicas a otros organismos y poderes estatales.

Todo se mentalizó para judicializar y criminalizar a los objetores de conciencia de la administración del decenio anterior con tipos penales plenamente forjados como terrorismo, sabotaje, rebelión, etc.

Esta concepción del régimen precedente es conexo con lo expuesto por el filósofo francés Michel Foucault en el libro Vigilar y castigar. En este título se evalúa las transformaciones de los sistemas penitenciarios occidentales, pero también en parte de sus contenidos establece la similitud de los mecanismos de disciplina carcelarios con los que existen en el sistema educativo y otras instituciones con el propósito del control, la custodia y la corrección social. Pareciera que esta doctrina panóptica y coercitiva denunciada por Foucault es el sustento de la visión correísta que tiene como fin último la pacificación de la sociedad clasista mediante mecanismos que privilegia la vigilancia y castigo de la disidencia hacia su proyecto político modernizador del capitalismo y de renegociación de la dependencia imperialista.

Resulta por tanto repudiable esta nueva disputa entre el ex y el actual presidente originada por la obsesión controladora de Correa, pero también es cuestionable la continuidad y fortalecimiento que el Licenciado Moreno le da a la doctrina de seguridad pública y del Estado, pues según Rommy Vallejo (Secretario de la SENAIN, nuevamente designado para estas funciones) no hay diferencia en el trabajo que desempeña la agencia de espionaje con respecto al gobierno anterior (Ortiz, 2017).

Lo que sí es diferente es el presupuesto asignado para la Secretaría Nacional de Inteligencia, mientras este año se le entregaría USD. 54,4millones (USD. 10,3millones más que el ejercicio fiscal del anterior año) a la Universidad de Cuenca, por ejemplo, en el Presupuesto General del Estado sus rentas fueron reducidas en alrededor de USD. 18millones.

Por lo tanto, no hay congruencia entre la molestia del licenciado Moreno y la continuidad de su política para fortalecer la SENAIN.

No se trata de un “show” como se afirma desde Bélgica, la intimidad de los ecuatorianos estuvo y aún está en riesgo. Corresponde entonces la aplicación de algunas medidas puntuales como: desclasificar los archivos de las actividades realizadas por la central de espionaje y contra qué personas y organizaciones estuvieron dirigidas, sancionar civil, penal y políticamente a quienes encabezaron y operaron estas tareas ilegales, y,  eliminar el aparataje de inteligencia fundado para vigilar y castigar a los críticos a la administración pública.

Desmontar el correísmo exige del actual gobierno, desmantelar el Estado panóptico y policíaco,  además de respetar las libertades individuales y colectivas que son señaladas por los propios organismos internacionales.

Señor Moreno, no sólo usted es el fisgoneado en este remedo de Watergate ecuatoriano. Es recomendable que practique las palabras del prócer de la libertad latinoamericana, José Martí, “la mejor manera de decir es hacer”.

 

 

 

[1] Hay algunas evidencias asociadas a personajes del correísmo: los conocidos Pativideos grabados durante las renegociaciones de la deuda externa, aquellos filmados por el incómodo tío de Jorge Glas en los que se observa la división de paquetes de dólares en un par de maletas, etc.

 

[2] El Comité de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó al gobierno del Ecuador el cumplimiento del Convenio 87 sobre libertad de organización de los trabajadores públicos así: “…su profunda preocupación por la disolución administrativa de la UNE e insta al Gobierno a que tome con urgencia todas las medidas necesarias para que se revoque dicha decisión y que la UNE pueda volver a ejercer de inmediato sus actividades. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance a este respecto.” (PlanV, 2017).

[3] Las acciones emprendidas en el gobierno de Correa ratifican la teoría del Estado marxista: “La fuerza cohesiva de la sociedad civilizada la constituye el Estado, que, en todos los períodos típicos, es exclusivamente el Estado de la clase dominante y en todos los casos, una máquina esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada.” (Marx & Engels, 1952). Por tanto, la máquina capitalista perfeccionada por Rafael está consignada a coaccionar a las clases trabajadoras.

 

Bibliografía

Marx, C., & Engels, F. (1952). Obras Escogidas. En F. Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (pág. 302). Moscú: Ediciones en Lenguas Extranjeras.

Ortiz, S. (23 de Septiembre de 2017). El Comercio. Obtenido de El Comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/inteligencia-monitoreo-reuniones-ciudadanas-senain.html

PlanV, R. (20 de Julio de 2017). PlanV. Obtenido de PlanV: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-oit-exige-al-gobierno-restitucion-la-une

 

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

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CONSULTA POPULAR

CONSULTA POPULAR

 

En el año 2007 un 82,7% de los ecuatorianos aprobaron la convocatoria a una Asamblea Constituyente con la esperanza de dar vuelta a las amargas páginas del neoliberalismo. El producto de este proceso fue la aprobación, mediante referéndum, de la Constitución de Montecristi con el apoyo del 63,93% de votantes.

El nuevo marco legal representó un imaginario colectivo anti neoliberal de las masas en el Ecuador, la pérdida del peso específico de los sectores tradicionales que históricamente habían gobernado y una trascendente movilización social que se impuso por encima de las órdenes de Correa que pretendió proscribir algunos derechos[1].

La otrora Carta Magna calificada como “un canto a la vida, que duraría al menos 300 años”, pronto se constituyó en un obstáculo para el correísmo que la sojuzgó por debajo de sus intereses. Así en sólo 3 años, después de aquel 2008, la Constitución fue diseccionada “para  meterle mano a la justicia” como confesó el ex presidente Correa, aunque el propósito central  fue lograr la sumisión de la función judicial[2] al viejo estilo del difunto Febres Cordero.

Pero el control de los órganos de justicia no fue lo único que logró el anterior régimen, detrás del discurso de defensa de una inexistente revolución sedujeron a la antigua partidocracia y a la emergente burguesía, enriquecida en la década anterior, para corporativizar el Estado en favor del partido oficialista. Esa fue la fórmula sumatoria de la razón utilitaria y de falsas lealtades construidas por el caudillo ahora ausente.

Es esa correización del Estado una especie de autocracia, “forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley” (RAE, 2017), que ahora implosiona por la corrupción sistemática permitida y compartida por los principales de las instituciones de control, quienes se beneficiaron de grotescos concursos organizados desde Carondelet para premiar a modernos esclavos del dinero y el poder.

Esa implosión tiene la dimensión de una crisis política e institucional capitalista en la que recrudecen las contradicciones entre el pueblo y el correísmo, pero también las pugnas interburguesas que desenlazarán cambios en el Estado burgués.

Esos conflictos son evidentes al momento de pasar revista a las propuestas de consulta popular presentadas por cada sector político en el Ecuador, así:

El correísmo formalmente por un lado dice sí a la consulta, pero se opone que el pueblo decida sobre temas fundamentales, para ello utiliza el argumento que no pueden ser regresivos los derechos, mientras amenaza con la convocatoria a la muerte cruzada que significaría la cesación de funciones del binomio presidencial y de todos los asambleístas, además del desarrollo inmediato de elecciones. Esta política evidencia la naturaleza antidemocrática de Alianza País y las continuas fricciones en su relación con el Licenciado Moreno. ¿Acaso por encima de los derechos están los intereses de Rafael que sueña con mantener el poder político, desde el ático de Bruselas, de las instituciones del Estado?

La otra derecha, la tradicional, pretende sacar ventaja de la crisis política actual, las facciones oligárquicas apuestan a que el escenario de las contradicciones interburguesas les permita reposicionarse no sólo para recuperar su influencia en la institucionalidad capitalista, sino pretenden contrabandear algunas preguntas dentro de la consulta (flexibilización laboral, la administración del dinero electrónico, eliminación de subsidios, privatizaciones, etc.) con el propósito de descargar la crisis sobre los bolsillos de la juventud, los trabajadores y los pueblos.

Las organizaciones sociales, populares y políticas vinculadas a la izquierda constituyen otra de las alternativas de consulta popular. Originalmente de su seno surgió la iniciativa de demandar su convocatoria, para convertirla en un plebiscito que juzgue la década de fracaso económico, autoritarismo y corrupción del correísmo. Las preguntas que presentaron para el escrutinio público tienen relación a: la extinción de dominio de los bienes de los corruptos, la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la cesación de funciones de las autoridades de justicia y control del Estado[3], la vigencia de la Ley de Comunicación, la derogatoria de las enmiendas anticonstitucionales del año 2015 (reelección indefinida de las autoridades de elección popular y políticas antilaborales).

Esta disputa sobre el tipo de orientación que tome la consulta popular es la expresión genuina de la lucha de clases en el Ecuador, es una manifestación de opiniones contrarias y contradictorias que ponen al debate las visiones de cómo solucionar la crisis política y fiscal que arrastra el Ecuador; en definitiva se trata de un momento político en el país del cual parirá una nueva correlación de fuerzas en la que el correísmo perderá hegemonía después de un decenio.

Ese debate trasciende las instituciones estatales y la academia, pues no se trata de un asunto de políticos o especialistas. La descorreización supone la democratización relativa de la sociedad, por lo que urge que el movimiento social y popular ecuatoriano tome postura por una consulta popular progresista, en su forma y contenidos, que se derivará de la movilización callejera.

La decisión política final depende del Licenciado Moreno, las preguntas que se planteen son de su absoluta responsabilidad y desnudará su naturaleza ideológica vinculada con determinada tendencia política.

Está próximo el momento de develar del mito de la caverna morenista, cualquiera sea su decisión esta coyuntura socavó más los podridos cimientos de un sistema que requiere transformarse.

 

[1] El incentivo a la jubilación de los maestros se logró luego de una huelga de hambre organizada por la UNE, la gratuidad de la educación superior fue resultado de la presión callejera impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y otros gremios universitarios, la vigencia de la autonomía del Seguro Social Campesino fue obra de la unidad de los afiliados a la FEUNASSC. Estas son algunas victorias que las masas organizadas que se articularon en la Carta Magna.

[2] Una filtración de correos electrónicos enviados y recibidos demostrarían como desde Carondelet se instruía sobre posibles sentencias a jueces y fiscales. Los principales involucrados en estas prácticas arbitrarias (Correa, Alexis Mera, Gustavo Jalkh, etc.) no desconocen su accionar, aunque básicamente lo justifican como necesario.

[3] Se plantea que sean cesadas las funciones de: los consejeros, jueces, miembros y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, de la Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Contraloría y Procuraduría General del Estado, de la Fiscalía General del Estado y de todos los Superintendentes.

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

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