EL GABINETE MINISTERIAL

GABINETE MINISTERIAL

El pasado 24 de mayo el país experimentó un recambio de su figura presidencial, más allá de las acusaciones de fraude electoral, un cuestionado gobierno inicia sus labores con más preguntas que respuestas oportunas.

En lo esencial el discurso de posesión del Licenciado Moreno apeló reiteradamente a  diferenciar el estilo diferente con respecto a su predecesor, pero no dio luz alguna acerca de las condiciones reales en las que recibe el país y cómo se sorteará la crisis económica actual para cumplir con sus propuestas electorales.

Ese hueco retórico en la disertación del nuevo presidente genera incertidumbres en un sector de la opinión pública que estuvo expectante en conocer la magnitud de la deuda pública, las políticas para solucionar el desempleo y el decrecimiento económico, etc.; pero también un efecto logrado con dicha alocución es la expectativa social frente a las reiteradas convocatorias al diálogo propuesto.

Si existirá o no erradicación de la prepotencia y la imposición de las políticas como método de gobierno, serán las acciones en el ejercicio del poder las que demuestren la realidad más allá de las palabras. Esa realpolitik también demostrará los intereses que representa la administración de Moreno: la continuidad de beneficios entregados a los monopolios, el imperialismo y las transnacionales o la solución urgente de las demandas de la juventud, los trabajadores y los pueblos.

Frente a esa dicotomía de intereses contradictorios, hasta el momento la señal más notoria del sendero político en el que transitará el régimen es la composición del recién posesionado gabinete ministerial.

La tendencia pro-capitalista del gabinete ministerial es evidente cuando se analiza y contrasta el curriculum vitae de los secretarios de Estado, por ejemplo: Carlos Pérez García fue delegado de la expoliadora empresa petrolera Halliburton[1], Pablo Campana vinculado al acaudalado grupo económico Nobis[2], Enrique Ponce de León hasta hace poco gerente de la empresa turística Decameron[3]. Ellos son algunos de los funcionarios vinculados a los grupos económicos de poder que ahora participan de la dirección política del Estado.

Pero el grupo mayoritario de ministros posesionados son conocidos políticos pertenecientes al oficialismo, que transitaron especialmente en la Asamblea Nacional o en los anteriores gabinetes dirigidos por Rafael. El simbolismo detrás de estos nombramientos es la continuidad tácita del correísmo y la suscripción a políticas como: extractivismo, enajenación de los recursos naturales, reprimarización de la economía, escalada del neoliberalismo y las privatizaciones, impunidad de la corrupción, criminalización de la protesta social, escalada represiva del Estado, etc. Estas acciones quizás serán operadas por estos cuadros del continuismo.

Hay otros altos funcionarios, un sector minoritario, cuyos nombramientos pretenden proyectar la imagen de reconciliación con el proyecto político original (democrático, progresista) de Alianza País. Sin embargo su representación es cosmética, pues no cambiará en esencia la política del régimen ni tampoco condicionará a la oposición popular y de izquierda. El caso más representativo de este sector es Humberto Cholango[4], quien decidió colaborar con el correísmo al margen del movimiento indígena.

En síntesis los designados ministros representan la sumatoria de la continuidad y vigencia del correísmo, más la irrupción de cuadros representantes de algunos grupos económicos de poder que son parte de la burguesía que acumuló mayores riquezas durante la década precedente.

Hasta ahora los cambios en el gobierno de Moreno son epidérmicos, no sustanciales. Tal parece que se inauguró el último día del correísmo y primero de lo mismo.

 

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

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[1] Harliburton es la segunda más importante compañía estadounidense dedicada al negocio de prestación de servicios petroleros y de gas natural. Sus intereses económicos se diversifican en más de 60 países, entre ellos los vinculados a la reconstrucción de Irak (luego de la guerra de agresión). El gobierno del Ecuador adeuda a esta transnacional millones de dólares producto de los contratos de servicios firmados por el correísmo para la explotación de los campos petroleros. En estos contratos el Estado paga a la contratista una tarifa permanente por cada barril extraído, aunque los precios de venta de petróleo en el mercado internacional se hayan reducido. Los cuestionamientos a este tipo de contratos estriban alrededor de los altos costos de producción y la entrega de la provisión de servicios (sin licitación) por 15 años.

 

[2] Según la investigación de Carlos Pástor Pazmiño, Los grupos económicos en el Ecuador, Nobis de propiedad de Isabel Noboa (hermana del magnate Álvaro y suegra del neófito ministro de Comercio Exterior Pablo Campana) se ubica entre los 6 principales consorcios que mayores riquezas acumulan en el país. Los capitales de Nobis se diversifican entre la industria, agroexportaciones, comercio, construcción, etc. La vinculación del correísmo con este grupo económico es evidente al punto que vía contratación directa se le entregó a la firma dubaití DP World, de la cual Isabel Noboa es la representante legal, la construcción y operación (por 50 años) del Puerto de Posorja.

 

[3] La cadena internacional de hoteles Decameron tuvo como director general al nuevo ministro de Turismo, Enrique Ponce de León. Este consorcio opera en el Ecuador por más de 15 años, pero tiene hoteles en el país desde septiembre del 2009. Una de esas instalaciones, el hotel Punta Centinela (ubicada en la provincia de Santa Elena, con una extensión de 41.644,23m²) fue adjudicado vía subasta por la Coorporación Financiera Nacional, dirigida por Camilo Samán, por el valor de USD. 6,12millones. Vale mencionar que este consorcio registra conflictos laborales por supuesto despedido intempestivo, precarización y flexibilización laboral con sus ex trabajadores

 

[4] Cholango fue presidente de la ECUARUNARI y la CONAIE, en las últimas elecciones encabezó la lista de asambleístas nacionales por Pachacutik. El nuevo Secretario del Agua es cuñado de Ricardo Ulcuango (embajador del Ecuador en Bolivia) quien fue expulsado de las filas de este movimiento en el año 2011 por su labor colaboracionista con el correísmo. El movimiento indígena ha sido crítico en diversos momentos ante la ambigüedad de Cholango y de otros personajes que actúan de quintacolumnistas dentro del movimiento social y popular.

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LA PROVINCIA MIMADA (II PARTE)  

 

LA PROVINCIA MIMADA IIPARTEA horas del ocaso de la primera versión del correísmo se ejecutaron un conjunto de políticas que provocaron las más variadas polémicas de la opinión pública[1].

Sin embargo hay otras lesivas acciones, adoptadas por el presidente saliente, que aún no alcanzan el eco necesario en los medios de comunicación nacionales. Se trata de un paquete de decretos ejecutivos expedidos el 16 de mayo con el propósito de zanjar un conjunto de conflictos limítrofes entre varias provincias.

Dos de esos conflictos vinculan a la provincia del Cañar que arrastra una disputa histórica por importantes extensiones territoriales con sus símiles del Guayas y Chimborazo. Los territorios en pugna constituyen cerca de 80.000 hectáreas, extensión equivalente a más de la cuarta parte del total de la superficie de la provincia del Cañar.

La trascendencia de esta disputa merecía un tratamiento adecuado que trascienda a las decisiones burocráticas y el cumplimiento de los acuerdos post-electorales que le permitió la continuidad al oficialismo. Sin embargo el correísmo en sus agónicas horas pretende imponer los Decretos Ejecutivos 1389 y 1395 que lesionan los intereses de la provincia del Cañar.

Se trata de un desmembramiento territorial de alrededor de 27.800 hectáreas[2] y la correspondiente pérdida de jurisdicción sobre poblados pertenecientes al Piedrero, Colonia Agrícola, Chontamarca, Zhud y Jubal.

Pero el alcance de estas políticas del régimen trascienden al campo económico y político, pues a la provincia del Cañar se le despojaría de tierras productivas y de una parte del 5% de la facturación nacional que por venta de energía eléctrica está destinada a los territorios en los que se asientan las empresas generadoras.

Lo paradójico es que, en materia limítrofe, el gobierno saliente adoptó un rasero burocrático discriminatorio. Los compromisos y el cálculo político impusieron en unos casos y momentos consultas populares como mecanismos de solución a los conflictos entre provincias claves para la prolongación del correísmo[3], mientras que en otras se pretende imponer unilateralmente decretos que obvian contenidos históricos, antropológicos, legales y culturales que forman parte de la identidad de pueblos y provincias.

Esta afrenta del gobierno saliente exige el rechazo de los cañarenses. Por ello se impone con urgencia la convocatoria a una Asamblea Provincial para arbitrar medidas que impidan la desmembración territorial, a través de la exigencia puntual al Licenciado Moreno que derogue el Decreto Ejecutivo de su antecesor. De no suceder aquello tendrán que rendir cuentas las autoridades involucradas.

Sin duda que el anterior gobernador del Cañar y actual asambleísta del oficialismo digiere amargamente su frase cliché “somos la provincia mimada de mashi Rafael”. Una vez más la demagogia es desmentida por la fuerza de los hechos: el correísmo pasará a la historia como contrario a los intereses provinciales.

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

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[1] El decreto ejecutivo que permite la custodia policial de las salientes autoridades del Estado, la anticonstitucional ley que promueve la conformación de grupos de choque encargados de la seguridad presidencial, el indulto a confesos corruptos, los juicios contra algunos respetables periodistas, la condecoración al presidente del Consejo Nacional Electoral; todas ellas merecieron un justo cuestionamiento y rechazo.

[2] De las 27.800 hectáreas: 8.500 corresponden al cantón La Troncal, 300 al cantón Cañar y 16.000 a Azogues.

[3] El diferendo entre Guayas y Manabí por la conocida Manga del Cura se resolvió mediante consulta popular. Sobra recordar el importante electorado de estas provincias y las alianzas políticas que conserva el régimen con los prefectos Jimmy Jairala y Mariano Zambrano; estas razones determinaron un mecanismo de solución de conflicto distinto al decreto ejecutivo.