Apoyado en algunos indicadores, que solamente contabilizan acciones disuasivas y represivas, el gobierno de Noboa sostiene que la inseguridad está disminuyendo en el Ecuador, pero más allá del discurso unilateral, que pinta un cuadro imaginario, la realidad es distinta.
La eficacia del –secretísimo- Plan Fénix provoca más dudas y cuestionamientos sobre el futuro del conflicto, pues la estrategia de militarización y los continuos regímenes de excepción no logran los resultados ofrecidos, por el contrario, son usados como distractores y hasta justificantes para imponer medidas económicas perversas sobre la población.
Desmitificando el cuento oficial, cierto es que hay cifras récord de drogas incautadas y que las muertes violentas se redujeron en determinados territorios donde operan las organizaciones narco delictivas, pero es evidente que hay un desplazamiento de la violencia a nuevas ciudades, además de un crecimiento progresivo de otros delitos como el secuestro, las extorsiones (vacunas), las desapariciones forzadas, la trata de personas; etc., de los cuales el gobierno de cartón guarda silencio.
Las medidas disuasivas y de represión son insuficientes para vencer a las mafias que están adheridas, como sanguijuelas, a las instituciones del Estado; poco o nada hace el régimen para combatir la infiltración y la corrupción enseñoreada entre políticos, banqueros, empresarios, jueces, fiscales, asambleístas, militares y policías. Es urgente purgarlo todo.
Particular desprecio tiene el gobierno con las políticas sociales para prevenir y evitar la incorporación de más ecuatorianos en las redes criminales transnacionales; al contrario, el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el posible retiro de los subsidios a los combustibles abonan más en la precarización de la vida de la gente, cumplir las órdenes recesivas del Fondo Monetario Internacional es arrojar a miles de personas hacia las filas de los grupos delincuenciales.
El Ecuador seguirá siendo el país más violento de América Latina, el puerto exportador de drogas que se consumen en Norteamérica y Europa, si continúa la visión estrictamente militar y circunstancial desde el poder. Extinguir el fuego de un polvorín usando gasolina es un contrasentido.
La seguridad ciudadana es un derecho humano, va más allá del cliché discursivo presidencial que lo usa como comodín demagógico para alcanzar su reelección.
Francisco Escandón Guevara
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