LA PROVINCIA MIMADA (II PARTE)  

 

LA PROVINCIA MIMADA IIPARTEA horas del ocaso de la primera versión del correísmo se ejecutaron un conjunto de políticas que provocaron las más variadas polémicas de la opinión pública[1].

Sin embargo hay otras lesivas acciones, adoptadas por el presidente saliente, que aún no alcanzan el eco necesario en los medios de comunicación nacionales. Se trata de un paquete de decretos ejecutivos expedidos el 16 de mayo con el propósito de zanjar un conjunto de conflictos limítrofes entre varias provincias.

Dos de esos conflictos vinculan a la provincia del Cañar que arrastra una disputa histórica por importantes extensiones territoriales con sus símiles del Guayas y Chimborazo. Los territorios en pugna constituyen cerca de 80.000 hectáreas, extensión equivalente a más de la cuarta parte del total de la superficie de la provincia del Cañar.

La trascendencia de esta disputa merecía un tratamiento adecuado que trascienda a las decisiones burocráticas y el cumplimiento de los acuerdos post-electorales que le permitió la continuidad al oficialismo. Sin embargo el correísmo en sus agónicas horas pretende imponer los Decretos Ejecutivos 1389 y 1395 que lesionan los intereses de la provincia del Cañar.

Se trata de un desmembramiento territorial de alrededor de 27.800 hectáreas[2] y la correspondiente pérdida de jurisdicción sobre poblados pertenecientes al Piedrero, Colonia Agrícola, Chontamarca, Zhud y Jubal.

Pero el alcance de estas políticas del régimen trascienden al campo económico y político, pues a la provincia del Cañar se le despojaría de tierras productivas y de una parte del 5% de la facturación nacional que por venta de energía eléctrica está destinada a los territorios en los que se asientan las empresas generadoras.

Lo paradójico es que, en materia limítrofe, el gobierno saliente adoptó un rasero burocrático discriminatorio. Los compromisos y el cálculo político impusieron en unos casos y momentos consultas populares como mecanismos de solución a los conflictos entre provincias claves para la prolongación del correísmo[3], mientras que en otras se pretende imponer unilateralmente decretos que obvian contenidos históricos, antropológicos, legales y culturales que forman parte de la identidad de pueblos y provincias.

Esta afrenta del gobierno saliente exige el rechazo de los cañarenses. Por ello se impone con urgencia la convocatoria a una Asamblea Provincial para arbitrar medidas que impidan la desmembración territorial, a través de la exigencia puntual al Licenciado Moreno que derogue el Decreto Ejecutivo de su antecesor. De no suceder aquello tendrán que rendir cuentas las autoridades involucradas.

Sin duda que el anterior gobernador del Cañar y actual asambleísta del oficialismo digiere amargamente su frase cliché “somos la provincia mimada de mashi Rafael”. Una vez más la demagogia es desmentida por la fuerza de los hechos: el correísmo pasará a la historia como contrario a los intereses provinciales.

 

Lcdo. Francisco Escandón Guevara

Email:        fescandonguevara@yahoo.com

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Blog:           fescandonguevara.wordpress.com

Twitter:      @PanchoEscandon

Facebook :  francisco.escandonguevara@facebook.com

 

[1] El decreto ejecutivo que permite la custodia policial de las salientes autoridades del Estado, la anticonstitucional ley que promueve la conformación de grupos de choque encargados de la seguridad presidencial, el indulto a confesos corruptos, los juicios contra algunos respetables periodistas, la condecoración al presidente del Consejo Nacional Electoral; todas ellas merecieron un justo cuestionamiento y rechazo.

[2] De las 27.800 hectáreas: 8.500 corresponden al cantón La Troncal, 300 al cantón Cañar y 16.000 a Azogues.

[3] El diferendo entre Guayas y Manabí por la conocida Manga del Cura se resolvió mediante consulta popular. Sobra recordar el importante electorado de estas provincias y las alianzas políticas que conserva el régimen con los prefectos Jimmy Jairala y Mariano Zambrano; estas razones determinaron un mecanismo de solución de conflicto distinto al decreto ejecutivo.

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